Referéndum no, Constituyente sí

La discusión sobre el voto voluntario y la renovación del Congreso planteada por iniciativa oficialista y mandada al archivo por los demás partidos, ha dado origen a su vez a una proclama de Alan García anunciando que tomará la cabeza de un trabajo de firmas para un referéndum de consulta a los peruanos sobre estas dos reformas. De paso ha acusado a los otros de ser resistentes al cambio y de querer perpetuar un Congreso bizarro como el que hoy existe, cuyo origen sería la poca educación de los votantes y la imposibilidad de deshacerse de los malos representantes a mitad de período.

Anteriormente el APRA perdió en otro intento, esa vez con la propuesta de regresar al sistema bicameral y la elección de un senado como instancia revisora, pero no se le ocurrió ir a ninguna votación porque sabía que su causa era antipática porque la gente no quiere nada que aumente la cantidad de congresistas. En cambio las nuevas iniciativas parecen más factibles de prender en un mayor número de personas y quién sabe si disfrazar de reformista al que podría fácilmente concursar como el gobierno más conservador e inmovilista de nuestra historia.

El hecho es, sin embargo, que más allá de demagogias y oportunismos, el tema que el APRA ha puesto sobre el tapete es el del sistema político y lo ha hecho dentro de la lógica que obsesiona a los partidos tradicionales: cómo reducir el voto popular independiente, de comportamiento impredecible, que ha venido permitiendo la emergencia de liderazgos y organizaciones políticas nuevas, achicando el espacio a las viejas organizaciones. El voto voluntario ha sido vendido como eso, una manera de comprimir el universo de ciudadanos que decidirán el nuevo gobierno, restringiéndolo supuestamente a la gente que “sí le interesa la política”, que sería más controlable por los partidos. La cuestión de la renovación del Congreso a mitad de período, por su parte, busca el blanco fácil, porque en las circunstancias actuales, el país votaría que sí, en caso la consulta fuera la de cerrar el legislativo, acusado de todos los males. Claro que como han advertido varios analistas, detrás de este cambio está la idea de una correlación de Congreso modificada en el 2014, en camino a un regreso de García el 2016. En fin todos tienen derecho a los sueños.

Lo que hay que decir es que la reforma aprista es casi nada respecto a lo que habría que modificar del sistema existente, y sobre todo es unilateral porque escoge de acuerdo a su conveniencia lo que hay que consultar, dejando al país fuera de la posibilidad de incorporar otros temas. Pero lanzada la propuesta al ruedo, hay dos formas de encarar el problema. La primera es la que se ha planteado en el Congreso y lideran el PPC y el fujimorismo, que dicen que habiéndose determinado el archivamiento, el caso está cerrado y no habrá ninguna reforma. Son los sectores políticos que defienden con mayor ardor y a fardo cerrado el contenido de la Constitución fujimorista de 1993. La segunda, es la que deberían liderar con mucha mayor fuerza de la que han ido mostrando, todos aquellos que sostienen que el Perú sólo puede reformar los sistemas políticos y económicos de una manera democrática y transparente a través de una Asamblea Constituyente, elegida por el pueblo, y a partir de una discusión sobre todos los temas en la que se establezca la verdadera voluntad popular.

El juego político del APRA, no puede ser desenmascarado recurriendo precisamente al recurso más desprestigiado del parlamentarismo que es el de dar por cerrada la discusión por pura componenda de partidos. Para poder detener el referéndum tramposo de Alan García hay que ofrecer una propuesta de cambio mucho más radical y más democrática, que debería traducirse en un compromiso del próximo gobierno de convocar a una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución. El fundamento de esta alternativa es claro:

1. El documento que hoy invocamos como Constitución del Estado, tiene su origen en un golpe de Estado, que no fue salvado por el acuerdo político para salvar la crisis que hicieron algunos partidos y el gobierno de facto.
2. El referéndum que dio por aprobado el documento tuvo el voto en contra de la mayoría de los partidos que están representados en el actual sistema políticos, los que en su momento denunciaron que hubo fraude en el recuento de los votos.
3. La Constitución de 1993 ha sido vulnerada y manipulada en forma sistemática, por el gobierno de Fujimori (por ejemplo con la “interpretación auténtica” para la re-reelección) y por los gobiernos posteriores.
4. La Comisión Pease durante el gobierno de Toledo intentó un cambio de la Constitución de Fujimori, dentro de ella misma, fracasando en el intento. Igualmente la reforma que propone el APRA utiliza la vía del referéndum, generando una falsa polarización nacional.
5. Aunque la Constitución de 1993, no hable de su sustitución a través de una Asamblea Constituyente, ese fue el origen del documento y de la Constitución de 1979. Por tanto es lógico que se apele a un organismo equivalente para un cambio de esta magnitud.

El Perú efectivamente reclama abolir las trabas formalmente “constitucionales” que se levantan para la defensa de los recursos naturales, para la creación y actuación de empresas públicas, para la revisión de los contratos corruptos, para la revocatoria de todas las autoridades que traicionan al pueblo, para el control y sanción de la corrupción, por sólo mencionar algunas de las claves del debate constituyente. ¿Por qué hay tanto escándalo cuando se reclama el derecho democrático a reconstituir el país?, ¿hasta dónde es real el espíritu reformador del APRA?, ¿cuánta democracia seremos capaces de abrir en el Perú de los siguiente años?

Si las elecciones fueran mañana…

Obviamente Castañeda no podría seguir en silencio, sugiriendo que el desarrollo peruano depende de las obras urbanas y negándose a definirse frente al gobierno. ¿Cómo podría Castañeda ocultar su condición de candidato del gobierno?, ¿y tendría alguna esperanza si no lo fuera?

Tampoco Keiko podría seguir reduciendo su “programa” a eso de yo quiero tanto a mi papá que lo pondría en libertad como primera y única medida anticipada de gobierno, y Toledo no podría seguir en el extranjero buscando la oportunidad para meter su cuchara en los asuntos nacionales de acuerdo a sus conveniencias.

Ni el mudo, ni la gordita, ni el “cholo” de Harvard podrían escapar a la pregunta sobre la continuidad del programa neoliberal, los contratos de privatización y concesión, los TLC y los decretos legislativos, el gas, la minería, la selva, etc., sobre los que no han hablado, prácticamente nada y donde pretenden caminar con indefiniciones.

Si las elecciones fueran mañana no tendríamos un caso Malpartida por semana, sino uno o más cada día, y a Aldo M no le alcanzaría el tiempo para su valiente campaña para que se suba el nivel de alcohol permitido para los automovilistas, que sin duda está asociado con la modernidad, o para que eche barro sobre Túpac Amaru, Grau, Malpica y su propio abuelo, mientras reclama homenajes para Luis Bedoya Reyes y De Soto, verdaderos fundadores de la patria.

Si las elecciones fueran mañana los votos que quieren repartirse Castañeda, Fujimori, Toledo, Lourdes, Meche o cualquier otro candidato del APRA, se achicarían en medio de la polarización política y saltarían voces exigiendo el sacrificio de los candidatos con menores chances en función a los que podrían ser ganadores. Y nunca se sabe si estas campañas tendrán resultado o se impondrán los proyectos propios.

Alan García sabe justamente que ese será el terreno donde deberá intervenir para que valgan algo sus anuncios de que no estará ausente en las siguientes y las subsiguientes elecciones presidenciales. Las opciones que tiene a la mano no son muchas y deberá escoger entre el modelo 1990: digitar un candidato del partido para asegurar una representación parlamentaria y apoyar tras bambalinas a otro; o el modelo “gran elector”, que como no tiene “interés inmediato” en el resultado, puede opinar sobre lo que más le conviene a la idea de país con que actualmente se mueve.

Si las elecciones fueran mañana no se podría abstraer el factor García. Como tampoco podría ocultarse la preocupación subyacente en todo este proceso que no es quién va a ganar, sino quién no puede ganar, que es lo que hace cada vez más importante tener un acuerdo básico entre los que se consideran parte del mismo proyecto con sus variantes y alguna forma de arbitraje para evitar que sus contradicciones, favorezcan a quienes está fuera. Si las elecciones fueran mañana, la pregunta que muchísima gente sentiría que debe resolver es si los candidatos que tienen al frente representan un cambio real n el país o son lo mismo que hemos venido viviendo en un largo número de años, y eso va a decidir buena parte del escenario y las actuaciones políticas. Pero las encuestas nunca captan nada de esto.

Disparen contra Malpartida

Elsa Malpartida nunca mató a nadie, no hizo terrorismo, ni integró las columnas que se movían en la selva. Su delito fue no huir (o no morir) en un territorio dominado por Sendero Luminoso, en el que ellos decidían cuál era la ley. A los que salieron de esos escenarios, que luego formaron rondas y organizaciones de masas, tuviesen que presentarse como “arrepentidos” o no, se les considera generalmente como víctimas o héroes de una guerra compleja, que no sólo no termina de ser comprendida, sino frente a la cual hay nítido interés en mantener la confusión.

Malpartida ha sido dirigente del movimiento cocalero por 27 años. Y en esa condición ha tenido que pasar por las durísimas pruebas de representar a un sector que la sociedad y el sistema político se niega a integrar. Y la apuesta de esta mujer ha sido reiteradamente reclamar ciudadanía, derechos y voz para los productores. Tratar de reducir el enfrentamiento con el Estado, que encuadrado por las exigencias de Estados Unidos, tiene muy estrecho margen para negociar y darle un cauce a los productores de coca, salvo cuando se requirió su apoyo para contener el avance subversivo.

Siempre he pensado que entre las mejores elecciones que hizo Ollanta Humala para una representación parlamentaria con enormes baches, estuvieron las dirigentes cocaleras. Y esa es una audacia que no le perdonan. Recuérdese el ensañamiento reciente contra Obregón y ahora el “destape” contra Malpartida. No hay casualidad que ambos casos tengan como catapulta al diario en el que se publican los artículos del presidente y donde se ordena censurar la investigación de los petroaudios. Lo que se busca es por cierto insistir en la asociación cocalero es igual a narco, y narco lo mismo que terrorista, que mezcla problemáticas e induce a la represión masiva, y que es un arma para reelitizar la política que es lo que se busca desesperadamente.

Este nuevo informe alimentado con datos que según los que los difunden “no se pueden revelar” (¿Servicio de Inteligencia?, ¿DIRCOTE?, ¿BTR y su amigo el almirante?), plantea sin embargo una extraña paradoja. Resulta que hasta hace poco Ollanta era acusado de violaciones de derechos humanos en la guerra contra Sendero Luminoso, cuando era jeje de la base militar de “Madre Mía”. Pero ahora resultaría que eligió para sus listas a ex senderistas de la misma zona de combate. O sea que no era el represor que decían, sino en todo caso alguien que se ha aproximado a los peruanos que vivieron bajo dos fuegos muchos años.

Obviamente lo que esto prueba es que desde el 2006, todas las armas valen contra el oficial que se les salió del libreto. Así, si hasta hace poco se consideraba que revelar la identidad de un “arrepentido” era un atentado contra su seguridad y un incumplimiento del compromiso del Estado, lo que hará inconfiables similares acuerdos en el futuro, ahora se está pidiendo nada menos que un asunto de este tipo debería haber figurado en el currículo al Congreso. Y mientras discutimos sobre Malpartida, ¿qué pasó con los lazos BTR-García?, ¿y los contactos de Bieto con un importante medio de comunicación que están en grabaciones en manos de la jueza Martínez?

04.11.09
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El voto impredecible

La gran revolución de los 70, no fue la reforma agraria o las nacionalizaciones, que tanto irritan la memoria de las derechas criollas, sino el ingreso a la política de inmensas capas de población que permanecían excluidas, atomizadas y sin conciencia de su propia fuerza. El hito que marca este cambio de situación fue la aprobación del voto analfabeto en la Constituyente de 1979, que fue sustancial para que creciera una opinión tumultuosa, protestataria e inestable que ha estado presente en todas las votaciones de los últimos 30 años.

La transición de los 80, se suponía hecha para que los militares, que se habían despojado de radicalismos con Morales Bermúdez, entregaran la responsabilidad de gobierno a los viejos partidos, lo que supuso un conjunto de negociaciones y pactos bajo la mesa con quienes se creían los únicos capaces de dirigir la democracia recuperada: APRA, AP y PPC; pero esa previsión se encontró con la novedad del voto por la izquierda que irrumpió apropiándose de por lo menos un tercio del electorado y con tendencia a seguir creciendo.

Este fue el comienzo del miedo. Que se acrecentó con la victoria de Fujimori en 1990 (acuérdense como se gritaba golpe en esos días); se reavivó con Toledo en el 2000 (que traicionó sus banderas democratizadoras); y llegó al pánico con Ollanta Humala en el 2006, cuando todos los fantasmas de la política peruana: izquierdismo, nacionalismo, militarismo, populismo, antipartidismo, etc., parecieron encarnarse en una misma persona.

¿Dónde estaba el problema que hacía vivir cada elección como una apuesta arriesgada? Si se ve bien, el debate sobre el voto facultativo planteado por el presidente García que ahora anuncia que encabezará el proceso hacia un referéndum, tiene su origen en el entendimiento que la falla está en el sistema que ha abierto demasiados espacios para que corrientes populares no controladas decidan lo que le da la gana.

La constante modificación de la ley de partidos: se aumenta, se disminuye y se vuelve a aumentar las firmas para inscribirse, se acortan los plazos, etc., reflejan que estamos buscando la piedra filosofal contra los llamados outsiders, y en ciertos casos con la colaboración de algunos que vinieron del tumulto, pero que ahora se conforman con tener su lugar en lo establecido. Alguien ha vendido además la idea de que con el voto voluntario, la votación popular se restringirá, mientras las clases más satisfechas y asustadas de todas maneras se movilizarán a evitar los cambios. Algo así como que a los pobres que antes la ley no dejaba votar, ahora los restringirá el costo del pasaje.

Es una idea ilusa, que viene de no entender el país real. Pero ella debería ser aprovechada para pasar del no a Alan García, a una pregunta mayor: ¿y por qué no cambiamos de una buena vez todo lo que deba cambiarse, sin trucos, transparentemente, a través de una asamblea constituyente? Si estamos por un país más predecible, ¿por qué no dejar que las mayorías decidan libremente las componentes y las reglas del sistema político?, ¿quién se opone a eso?

01.11.09
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Economía e instituciones en Latinoamérica

De la década de los 90 a los 2000

En la década de los 90, Latinoamérica era casi unánimemente democrática, a su manera, totalmente neoliberal, en la única manera en que se puede serlo bajo regulaciones del FMI y otros organismos, y absolutamente pro Estados Unidos.

La legalidad de la mayoría de países había sido alterada –en el transcurso de los 20 años anteriores- y se discutía abiertamente la forma de “por fin” hacer irreversibles las nuevas reglas a las que se había llegado después de la tragedia de las dictaduras y las ilusiones más o menos fallidas de los “regresos a la democracia”.

Estaba naciendo un orden hijo de los golpes de Estado, auspiciados por los Estados Unidos para acabar con el “peligro comunista”, y de las transiciones posteriores, también bendecidas por Washington para, retirar negociadamente a los militares del centro de la crisis evitando convulsiones sociales graves.

Pero también un orden que venía alimentado por la crisis del modelo desarrollista, o de sustitución de importaciones, populista, estatista y socializante, que tuvo auge en el subcontinente como la vía propia para vencer el subdesarrollo, y que se expresó en la imposición redonda del neoliberalismo, consenso de Washington, que eliminaba, en lo esencial, la autonomía en la decisión de los modelos económicos.

Finalmente el orden era también un producto de la victoria de las doctrinas de seguridad nacional, que habían derrotado a las guerrillas y logrado debilitar el poder de los sindicatos y otros movimientos organizados de masas y cuya versión “democrática”, insistía en que la apertura política nunca debía ser total ni podía bajarse la guardia ante el “terrorismo”.

El orden de los 90, como cualquier otro, era un producto de la historia y de las relaciones de fuerza, pero como suele ocurrir era presentado como una especie de restablecimiento de la razón, del deber ser, del curso natural de las cosas, que nos ordenaba ser democráticos y promercados porque así tenía que ser. La globalización estaba ahí, no se podía resistir a ella. La lista de países, organizaciones y personas terroristas, estaba establecida para repudio del mundo.

Las desestabilizaciones traían feroces castigos: inflaciones, pobreza masiva, violencia y eran la explicación de porqué hubieron tantos golpes de Estado. Gobernabilidad y estabilidad se hicieron conceptos casi sinónimos.

2.

En los primeros años de los 90, Estados Unidos venía de ganar la guerra fría y se proponía volver a revisar la regla con su patio trasero, que para entonces se había alineado política y económicamente con el “nuevo orden”. El ALCA (Área de Libre Mercado de las Américas), creación del primer Bush y proyecto de Bill Clinton, resumió una idea de asimilación por el mercado de nuestras economías, haciéndolas compatibles con la del gigante, y otorgando a las inversiones el mismo o mejor trato que el que podían recibir en la tierra del dólar.

El reflejo institucional de este nuevo momento fue el ataque contra lo impredecible. Que la constituciones (las nuevas o las reformadas) ya no se movieran nunca más (véase al respecto la noción de “artículos pétreos” de la Constitución de Honduras, que recuerda la fórmula de la Constitución peruana que los actos de los golpistas no serán validados, que quedó en letra muerta). Y que los pactos internacionales, los contratos y otros compromisos público-privados, fuesen tan poderosos como la ley suprema, o más que ella. En sustancia que los cambios de gobierno no amenazaran lo que había costado tanto establecer.

En segundo lugar, el orden moderno implicaba que los congresos no fueran contradictorios con el Ejecutivo y para conseguirlo trataron de hacerlo, de cuerdo a cada circunstancia, menos legislador (los Ejecutivos ganaron diversos derechos a dictar leyes especiales, de urgencia, delegadas, etc.); menos fiscalizador (sus investigaciones quedaron como mera referencia, no vinculante); menos representativo (la conexión con la población se vio debilitada). En definitiva, menos apto para equilibrar y controlar al poder central, lo que se terminó viendo como una virtud que aceleraba la “modernización”.

En tercer lugar, siempre en el campo institucional, el nuevo orden quiso ser apropiado por los grandes partidos tradicionales, los únicos que podían pactar, abierta o implícitamente, un sistema de alternancias, sin cambio de la política real, en el que la derecha, el centro y sectores que antes se llamaban de izquierda, se encargaban de administrar el Estado en continuidad con sus predecesores.

Muchas medidas: barreras requisitos, sanciones, etc., se pensaron para asegurar que el sistema no fuese penetrado por “extraños” y se aseguró, sin demostrarlo, que mientras hubiese menos opciones por escoger y menor dispersión del voto el sistema sería más estable. La paradoja es que precisamente la cerrazón creó un desafío político reiterado para sacarle la vuelta al esquema. Los partidos quedaron identificados como oligarquías inflexibles que dejan fuera al resto y el outsider antisistema se idealizó como “bueno” por sólo el hecho de venir de fuera.

3.

Han transcurrido una década y media desde el momento del mayor esplendor de la América Latina totalmente alineada con su gigantesco vecino del norte, y hoy la situación es bastante diferente. Veamos:

(a) Se quebró la unanimidad y el miedo a pensar diferente, a salirse del libreto, y ya no hay reparos a expresarse en bloques diferenciados en diversos temas;

(b) Estados Unidos perdió hegemonía en todo el subcontinente, y ha optado por alianzas bilaterales con países plataforma como Colombia y Perú.

(c) El ALCA se desmoronó en el camino por la resistencia social existente y por los desacuerdos con países claves como Brasil, Argentina y Venezuela. En reemplazo surgieron los TLC con algunos países.

(d) El modelo económico neoliberal perdió consenso y algunos países empezaron progresivamente a alejarse de sus principales dogmas, impulsando una mayor intervención y regulación estatal, control de los recursos naturales, revisión de contratos con grandes empresas extranjeras, apertura a nuevos mercados, etc.

(e) La crisis económica internacional está propiciando una mayor polarización de respuestas económicas por parte de los gobiernos.

(f) Las resistencias sociales se reactivaron en casi todos los países, pero lo hicieron sobre la base de organizaciones nuevas o de movimientos poco orgánicos, lo que tomó la forma de grandes e inesperadas explosiones, que son el nuevo rostro de la “desestabilización”

(g) La tendencia principal del cambio en la América Latina está siendo pasar de las resistencias sociales masivas y tumultuosas, a corrientes electorales emergentes y multitudinarias que rompen los diques del control de los partidos tradicionales, y se convierten opciones de gobierno.

(h) Una nueva izquierda de masas y de baja ideología ha surgido en América Latina, levantando las banderas del cambio económico e institucional, oponiéndose a la hegemonía de los viejos partidos y desafiando a las elites dominantes y el padrinazgo de Estados Unidos. Las elecciones se convirtieron en un riesgo para la clase dirigente.

(i) La primera disputa en todas las nuevas experiencias latinoamericana toca directamente al tema de la legalidad y legitimidad para el cambio. Y es eso lo que ha puesto en el centro de cada proceso la cuestión de la Asamblea Constituyente, que poco a poco se ha convertido en mala palabra para la derecha y la gran empresa, porque representa el riesgo de que lo “irreversible”, revierta.

(j) La legalidad ha empezado a cambiar de sello y son otras clases y actores políticos los que pasan a invocarla con su propio contenido. Las derrotas sufridas en sucesivas elecciones por las derechas, en elecciones, reelecciones, referéndums y Constituyente, ha ido deslegitimando a las derechas y obligándolas a romper la nueva legalidad.

(k) Este escenario en el que la derecha no sólo no puede aceptar, sino ni siquiera entender porqué está siendo desplazada y porqué la gente no cree en ella, es lo que está haciéndole pensar nuevamente en el golpe y en los justificativos políticos e institucionales para la aventura.

(l) La experiencia hondureña actual tiene que ver con el destino de todos los latinoamericanos, porque debe marcar si la tendencia principal al cambio no es revertida, o si se impone la vieja derecha, asesinando su democracia pero salvando su poder económico, que es lo que realmente les interesa.

San Marcos, 16 de octubre de 2009

Aló, don Bieto

¿Tuvo algo que ver este gobierno con la caída de los “alejos” del diario “El Comercio” , y su reemplazo por un nuevo director periodístico y una distinta composición en el directorio de la empresa? La duda ha empezado a asaltarme cada vez que me doy cuenta que Alan García tenía el control sobre diversos y contradictorios operadores políticos y que siempre estuvo jugando al filo de la navaja, sin que se le notara demasiado.

Explicar porqué un hombre de cierto progresismo, sobre todo para la familia de la que es parte, se convirtió de pronto en el elegido de antiguos alejistas, como Pepe Graña y Emilio Rodríguez Larraín, que fueron determinantes en las estable mayoría de los años 90, y como fue que Paco Miró Quesada y sus nuevos aliados coincidieron instantáneamente, en su primera sesión, que lo de la investigación basada en las grabaciones de BTR sobre actos de corrupción de miembros del gobierno, no debía ser publicado, es hasta hoy un sabroso acertijo.

En general se piensa que la nueva conducción evaluó los riesgos para la viabilidad del sistema del tipo de destape que iba a hacerse. Y Paquito ha insistido que le crean que lo hizo porque para él, no se enfrenta un delito con otro delito. Es decir que no sería legítimo usar como prueba contra los corruptos, las grabaciones ilegales. Pero, como digo, caben otras hipótesis. Después de todo, los votos que definieron la nueva mayoría, eran más cercanos a García que al entonces candidato a director. En particular, Pepe Graña Miró Quesada, el constructor con mayor número de contratos de este gobierno, entre ellos el megaproyecto de Collique.

¿Y si García ya sabía de la “traición” de BTR y buscó aliados en el diario de La Rifa para detener el escándalo, ofreciendo los votos que tenía bajo su control? Algunas versiones insisten que entre los diálogos chuponeados hay muchos que corresponden a la sección Bieto y los medios de comunicación, así como hay un paquete de Bieto y los jueces, otro de Bieto y los políticos, y varios más. ¿Cuántos estarán haciendo gestiones al más alto nivel para que no salga lo suyo y no se derrumben varios falsos prestigios? ¿Habrán sido grabados datos que no conocemos sobre el drama particular y paralelo, que se vivió en el decano de la prensa, cuando el gobierno asistía a su peor crisis política?

Uno quisiera creer en aquello de que al final todo siempre se sabe. La mortal pócima que García armó con lobistas cazando inversiones y dirigiendo gestiones por vías heterodoxas, y espías registrando todo, ha mostrado que tiene tanta dinamita que cada cierto tiempo vuelve al primer plano. Un año después que Bieto y Rómulo se hicieron famosos, las piezas del rompecabezas se siguen juntando y la imagen de la verdad es cada vez más evidente. Los diques construidos por el juez Barreto y la jueza Martínez para esconder, cercenar y refundir la información acumulada y contrarrestar su potencia explosiva, se están resquebrajando. Una vez más el Perú tiene una oportunidad para la verdad. No la desperdiciemos.

28.10.09
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La nueva guerra del VRAE

Lo primero que tenemos que tener claro en relación al asunto del VRAE es que hace poco más de un año esta era una zona de disputa de las rutas de la droga, en la que se producían esporádicos ataques de Sendero Luminoso para asegurar los pasos y sacar a la policía. Todos sabíamos además que esta era un espacio de profunda corrupción, donde no sólo se podía hablar de una guerrilla cobrando cupos, sino de autoridades, policías y militares tratando de picar su parte en el ilícito negocio.

El Sendero de los 2000, empezó a hacerse fuerte después de las derrotas, precisamente porque era el más organizado de todos los actores de este inmenso territorio donde imperaba el caos. Obviamente la prensa limeña miraba esta realidad a la distancia, dentro de la lógica de que otra vez se estaba minimizando la violencia en gestación y que había que aplastarla exactamente en el momento que comienza. La retórica, por supuesto, era la de la “estrategia integral”, que nadie tiene una idea de en qué consiste, pero el hecho central fue la contraofensiva ciega sobre el Vizcatán que se suponía el cuartel general de los seguidores de los hermanos Quispe Palomino en el corazón del VRAE, con la consigna de que este gobierno se atrevía a realizar lo que sus antecesores no habían querido.

Así comenzó la nueva guerra del VRAE. Como un despliegue de tropas y armamento que llegó finalmente al corazón del Vizcatán sin encontrar a nadie. Y ahí nomás se estaban derrumbando varios mitos: que los senderistas sólo sobrevivían porque estaban metidos en una cadena montañosa escarpada y de acceso casi imposible; y que ya no tenían apoyo social en el valle, por lo que tenían que huir permanentemente a su santuario. Lo cierto es que se retiraron del Vizcatán y sobrevivieron. Peor aún, fue el ejército el que se encerró en esa área construyendo bases que resultaron atacadas continuamente por los subversivos que son los que mejor dominan esas alturas.

La nueva guerra del VRAE fue celebrada como una muestra de la determinación de este gobierno de acabar con los últimos focos de subversión armada (aunque en gran medida fuese también una respuesta a la presión de los medios). Pero lo que ha ido pasando está generando más bien la imagen de una sucesión de derrotas. La ofensiva ha sido golpeada en diversos puntos, sufriendo numerosas bajas, pérdida de armamentos y hasta el derribo de un helicóptero. Como ironiza continuamente Fernando Rospigliosi, están resultando tan ineptos que casi no han logrado producirles daños a los senderistas, salvo los que se dice que se produjeron en el ataque a la comisaría de Acobamba, donde los subversivos se habrían llevado a sus propios muertos y heridos. En todo caso la sensación general es que un plan que lleva el simbólico nombre de “excelencia” está significando un tremendo fracaso.

Ciertamente, la prensa histérica no se ha puesto ni siquiera a considerar que podía haber otras opciones en relación al conflicto en el VRAE. Por ejemplo: diálogo con los cocaleros, propuestas de salida de paz a los subversivos, cambio de autoridades y personal de la policía, etc. Oficialmente las únicas conclusiones respecto al VRAE son más soldados, más armamento, más dinero, y alguna forma de sacar del teatro de operaciones a los pobladores. Esto tiene desde una versión benigna que insiste en los programas sociales, hasta la extrema que se expresa en la columna de un diario y que insiste en que un círculo en el mapa y un bombardeo con napalm sería suficiente para terminar el problema.

El punto es que la situación no mejora y no se ve como podría mejorar. En realidad la ofensiva puramente militar está entrampada y desorientada, esperando ser atacada por donde menos podría suponerse. La última noticia fue la del soldado que murió por una mina antipersonal que el propio ejército había colocado para protegerse de incursiones enemigas, a sabiendas que el Perú oficialmente ha erradicado este tipo de artefactos y que si la tropa puede terminar pisándolas qué no podría pasar con la población civil, incluido los niños. Todos sabemos que aunque se trate de un enfrentamiento focalizado, que no representa efectivamente amenaza al poder nacional (el Sendero del VRAE no puede salir a otras partes sin ser derrotado), el continuo desangramiento y la confusión actual de objetivos, desmoraliza no sólo a la tropa, sino principalmente a los jefes que lanzaron el plan inicial y al gobierno que se creyó a punto de una gran victoria.

Esta caída de moral combativa es además lo que explica que los frentes de batalla cambien bruscamente hacia las cárceles (se han eliminado los beneficios penitenciarios reforzando la idea que los presos por “terrorismo”, son prisioneros especiales, que están fuera del orden penal regular; se han cerrado los talleres de trabajo, que es una invitación a que no pueda esforzarse en reintegrarse productivamente a la sociedad; y se está detrás de los que ya salieron libres porque cumplieron sus condenas). Todo esto busca “victorias baratas” y consolida los tremendos reflejos autoritarios que subsisten en nuestro país e impiden que podamos pacificarnos y reconciliarnos.

25.10.09
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Bendito Tribunal

De pronto el debate sobre el aborto de las violadas y de las que llevan un feto con malformaciones graves, derivó al de la distribución gratuita de la pastilla del día siguiente. Si se tratara de una competencia se diría que se ha producido un empate. Por un lado se avanza a empellones en la reforma del código penal, para eliminar la penalización que pende sobre las mujeres que tienen que tomar decisiones en las condiciones más duras de la vida; y por otro, el Tribunal Constitucional retrocede como si nada en sus propios dispositivos para darle un triunfo simbólico a la hipocresía con crucifijo: sólo accederán a los anticonceptivos de emergencia los que puedan pagar el precio de las pastillas. El Estado dejará a las mujeres pobres, que son las que menos acceso tienen a anticonceptivos seguros, las que cuentan con menores posibilidades de criar a un mayor número de niños, las que sufren el mayor número de violaciones etc., sin la opción de que bajo decisión médica interrumpan el proceso inicial de la concepción, y eventualmente sean forzadas más adelante a decidir por un aborto en las más difíciles condiciones.

Rafael Rey que ha demostrado que sus funciones en la cartera de defensa las percibe bastante distanciadas de los problemas de frontera o del VRAE, ha reconocido que se reunió con los señores del Tribunal para influir en su fallo. De esta manera el ministro admite que no confiaba tanto en que Dios pudiese escuchar sus rezos (y los de Cipriani) e iluminar directamente a los magistrados, por lo que prefirió ir directamente a mostrarles su poder que es bastante más terrestre de lo que podría imaginarse. Si la fórmula original era: en caso que el Ejecutivo avale la iniciativa de reforma sobre despenalización, renuncio al gabinete; ¿cómo se podría interpretar que ahora el gabinete esté mayoritariamente en contra los novísimos santones del Tribunal Constitucional, y el ministro de Defensa no sólo los aplauda, sino que pida la erradicación total de las píldoras del día siguiente?, ¿cuál es el papel aquí de Alan García?

El fallo contra la píldora del día siguiente es, por lo demás, una pieza de antología, casi como si de un plumazo Vergara, Mesía y los demás integrantes del Tribunal hubieran querido aportar argumentos para los que discuten si esta instancia revisora de las normas es realmente una garantía. Han dicho los señorones que ordenan el retiro del producto porque hay una controversia respecto a si es abortiva. O sea se les pide resolver una controversia tomando en cuenta los argumentos científicos y jurídicos que corresponden al caso, y que indican que no hay base científica para condenar a la píldora por abortista cuando actúa antes de la fecundación, y tampoco legal para cuestionar la capacidad del Estado de facilitar medios de control de natalidad a los ciudadanos, y lo que resuelven es que no pueden resolver, que equivale a sacar al Estado del reparto gratuito, pero permitir que siga la venta. Se imaginan si este fuera el principio que rigiera todas las decisiones: se consolidaría el principio de una sociedad dual, con clases con dinero y acceso a los medios modernos, y clases pobres sometidas al oscurantismo.

Obviamente la controversia nunca va a acabar mientras existan tipos como Rey o Cipriani, por tanto tampoco llegará el momento de dirimir. Bendito Tribunal.

25.10.09
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Cerrando talleres de trabajo

Mientras el gobierno no sabe qué hacer con el VRAE, y sus propios soldados ahora mueren porque pisan campos minados que el ministerio de Defensa ordenó sembrar en la zona, violando los compromisos internacionales que se habían suscrito hace poco para eliminar este tipo de artefactos de alto riesgo para la población que no sabe dónde se encuentran, y el ministro lanza discursos sobre la “defensa de la vida”, en relación al aborto de las violadas o de las embarazadas que cargan un feto gravemente enfermo, digo, mientras todo eso ocurre, se promulga la ley que elimina los beneficios penitenciarios de los procesados por el llamado delito por terrorismo y de un papazo empiezan movimientos de estas personas de una cárcel a otra y se cierran los talleres de trabajo en los que se elaboraban diversos productos artesanales, porque ahora ya no tendrían motivos para intentar reasimilarse por su propio esfuerzo.

Ni un solo caso de “terrorista” liberado por cumplimiento de sus condenas o aplicación de los beneficios recortados que les correspondían, ha sido reportado como refuerzo a los grupos que continúan desarrollando acciones armadas en la selva. Sin embargo, cada vez que alguno se aproxima a la fecha de su libertad se levanta una gritadera impresionante, como si en los próximos días algún nuevo Tarata fuera a reventar. Igual ocurre cuando algunos de ellos intentan reingresar a la política, cuando escriben un libro o brindan por la vida de sus dirigentes. Hace unos días nomás, le han negado el trámite de libertad condicional a Alberto Gálvez Olaechea, ex dirigente del MRTA, con 20 años de prisión, sin haber matado a nadie, ganador del premio de literatura del INPE en el 2008 (otro escándalo), autor de las más interesantes reflexiones autocríticas sobre el período de la violencia producida por algunos de sus actores. Pero, a pesar de que acredita buena conducta, capacidad intelectual, voluntar de reintegración social, se le mantiene preso, porque se tiene miedo a la bulla mediática, que a su vez no hace sino encubrir la ausencia de una política real de pacificación y reconciliación.

El ensañamiento con los presos es cobardía. Y poco importa a estas alturas que se diga que a los secuestrados del MRTA los tenían en reclusiones infames, o que Sendero era implacable con sus prisioneros. Eso fue. Y por eso ya se establecieron las sanciones judiciales, que es el precio que se tiene que pagar por violar la ley. Lo que es increíble es que la respuesta al reto del VRAE, que cada vez se le escapa más de las manos a Alan García, Rey y otros políticos y militares ineptos, pasé por rituales de brutalidad hacia los encarcelados. Finalmente fue eso lo que llevó, en un extremo, a las matanzas de los penales en 1985 (Lurigancho), 1986 (Lurigancho y el Frontón), 1992 (Castro-Castro), es decir operaciones primitivas de venganza del Estado desorientado que busca el blanco en los que menos pueden defenderse. Por cierto que lo más grave aquí es que nos quieran acostumbrar a la idea de una sociedad con garantías permanentemente limitadas. En las que el poder inventa “delitos especiales”, sobre los cuales se aplican regímenes de excepción, incluso retroactivos, que se endurecen como respuesta no a lo que pasa en las prisiones, sino a los fracasos del Estado para imponer su autoridad.

21.10.09
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